Fue uno de los temas de la semana. La tercera demolición de una casa vinculada a banda de narcotraficantes llevada adelante por el alcalde de La Florida, provocó reacciones del Gobierno, investigación de la Fiscalía y amplia cobertura en los medios. Entendidos, de verdad, en el tema entregaron su parecer.
Hasta la fecha el operativo ya lleva tres construcciones demolidas y contempla avanzar hacia otras 16. La profesora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, en conversación con Radio y Diario de la U, puso en duda la efectividad de la medida. “No me imagino cuál podrá ser el efecto más allá de estas ideas mediáticas de impactar visualmente”, apuntó, aduciendo que este tipo de iniciativas “más bien tienden a ir incrementando esta sensación permanente que estamos solos e inseguros frente al delito y a merced de esta criminalidad”.
Para el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias Jurídicas, Hugo Frühling, la demolición “tiene todos los aspectos negativos que son propios del uso de un resquicio legal. Como el propio alcalde lo mencionó, esto es un resquicio legal en el sentido que se ocupa una norma vigente respecto a las construcciones que entrega atribuciones al municipio -efectivamente quienes son afectados por la medida han incumplido las regulaciones efectivas- pero el sentido de la norma, el objetivo, su finalidad, no tiene nada que ver con la regularización de esas construcciones”.
“Por cierto que tiene el lado positivo de que demuestra vocación, responde a un cierto clamor público en el sentido de que en los barrios más vulnerables efectivamente existe una visión profundamente negativa respecto del microtráfico y todas sus consecuencias, que muchas de esas propiedades se usan con fines ilegales, pero yo creo que sería enormemente preferible que la autoridad pública competente, que no es la alcaldía, tomara una medida general, dictara una norma o se ahondara en una legislación específica que cubriera esos casos y que fuera aplicable a todo Chile”, añadió en entrevista con el mismo medio.
Para el ex director de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y académico de la Universidad de Santiago, Jorge Araya,la demolición de las llamadas narco casas derechamente no es una buena política pública, porque para calificarse como tal, éstas “necesitan tener continuidad en el tiempo, necesitan tener un respaldo”.
“Las políticas públicas se caracterizan por ocupar recursos públicos para resolver un problema social importante para la población y en este caso, si bien esta iniciativa da una señal que pareciera ir en la línea que todos queremos, que es combatir al narcotráfico y el crimen organizado, al final lamentablemente es algo que no se va a poder sostener mucho en el tiempo. Porque estás demoliendo y lo que te permite la ley es solo la ampliación de esa vivienda y no la vivienda misma, por lo tanto, eventualmente podría seguir operando ese lugar con aquella parte que no fue demolida”, advirtió.
“Se pueden generar conflictos con los vecinos porque en esas poblaciones, y yo conozco esa situación de las poblaciones populares, es que seguramente el 80% de las viviendas tienen ampliaciones que no están regularizadas”, por lo “también tendrías que operar con ese criterio en otras viviendas, cosa que seguramente un alcalde no querrá hacer porque sería muy impopular”, concluyó el especialista.
