Nuevamente la clase política llevada por sus intereses particulares y ahogados en su propia verborrea pareciera actuar lejos de las inquietudes ciudadanas.
De nuevo las posturas extremas coincidieron. Si hubiesen sido un poco más estratégicos, habrían aceptado propuestas del oficialismo conservando los puntos que consideraban esenciales. Pero no. Prefirieron pasar la máquina y colocar, tal como lo hizo la izquierda en el proceso anterior, todos sus principios sobre el bien común.
Este martes el Presidente de la República recibe el texto definitivo de una eventual nueva Constitución que será sometida al veredicto de la ciudadanía el 17 de diciembre. La alternativa es una: Aprobar o Rechazar.
Durante los casi 8 meses en que 50 personas estuvieron avocadas a la tarea de redactar la nueva Carta Magna, se repitieronlas escenas públicas en que los partidos políticos demostraron su incapacidad para lograr los consensos que la mayoría de los ciudadanos, sin ideologías políticas de por medio, esperan de un marco legal que permita pensar en un mejor futuro. De acuerdo al analista y exdiputado Pepe Auth, de rechazarse la propuesta nos convertiremos en el único país del orbe en hacerlo por segunda vez consecutiva.
Luego del fracaso rotundo en las urnas del anterior proyecto apoyado por la izquierda en su intento de refundar Chile, en esta segunda instancia fue la derecha más extrema la que hizo primar sus ideas, justificando su actuar en un apoyo circunstancial. El enfrentamiento fue total, pese a las palabras que se dijeron como consenso y diálogo. Está claro que no hubo ni lo uno ni lo otro.
Y en el medio de lo anterior, una vez más, queda la inmensa mayoría de los ciudadanos que solo quieren solución a sus problemas urgentes como son salud, seguridad, previsión, entre las más angustiantes. Se perdió otra oportunidad de ofrecer a los chilenos un texto que interpretara a los ciudadanos de a pie y que recibiera un apoyo sin discusiones. En los dos procesos constitucionales, que han durado casi cuatro años, ambos sectores extremos han impuesto su pensamiento con el objetivo de cumplir sus intenciones políticas más que ofrecer un marco legal unitario.
A poco más de un mes del plebiscito se desplegará, a no dudarlo, una fuerte campaña por parte de los defensores de cada una de las opciones y con el Gobierno tratando de mostrar que su intención es solamente cumplir la tarea de conseguir un voto informado, y que el 17 de diciembre no se convierta en apruebo o rechazo a su administración. Tanto la izquierda como la derecha sin duda que actuarán pensando en las futuras elecciones.
¿Y la inmensa mayoría que solo quiere seguridad y trabajo? Tendrá que seguir esperando.
