Al menos cuatro funcionarios fueron oficialmente dados de baja, luego que una investigación interna de la PDI descubriera que formaban parte de una organización que ofrecía tramitar documentos irregulares para inmigrantes en Antofagasta.
Suma y sigue. Esa pareciera ser la situación en cuanto a hechos de corrupción en el país, tanto en organizaciones privadas (como es el llamado “caso fundaciones”) como en instituciones públicas (solo por dar un ejemplo, Municipalidad de Rinconada de Los Andes donde los concejales se querellaron contra el alcalde).
Ahora un caso de corrupción fue descubierto en la Policía de Investigaciones (PDI) en Antofagasta. El hilo que permitió llegar a la madeja fue cuando una mujer de nacionalidad colombiana intentaba salir de Chile con destino a su país natal. La mujer portaba su pasaporte y además un documento con su situación migratoria y un “duplicado” de su tarjeta única migratoria.
La policía detectó algo extraño con la tarjeta de turismo de la mujer que terminó confesando que había ingresado en septiembre de 2021 por un paso no habilitado a la altura de Colchane y que su yerno le había entregado la documentación respectiva para poder salir de Chile. El yerno en cuestión declaró que los papeles los había obtenido en una supuesta “oficina de extranjería” pagando 600 mil pesos.
De acuerdo un reportaje de Radio Biobio, sobre el tema, los detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Antofagasta facilitaban la realización de trámites migratorios y la obtención de duplicados de la tarjeta única migratoria, conocida como ‘tarjeta de turismo’ para extranjeros que ingresaron al país por pasos no habilitados en coordinación con un civil que trabajaba en una agencia naviera.
Según un comunicado de la PDI, fueron los controles internos que permitieron durante el año pasado identificar y denunciar estos hechos al Ministerio Público. “Esto dio inicio al proceso judicial en curso, que generó dos órdenes de detención en contra de los exfuncionarios, los cuales fueron concretadas”. Además, detallaron que, “por la gravedad de los hechos investigados fueron dados de baja cuatro funcionarios” y que “actualmente existe una investigación penal en desarrollo, de la cual no es factible referirse a ella”.
El informe detalla cuáles eran los funcionarios que “ayudaban” con los trámites, cuánto cobraba cada uno y que no todos lo hacían por dinero, ya que según las declaraciones de involucrados, los detectives recibían regalos, como botellas de whisky y tiempo en un departamento para “reunirse” con mujeres. Está claro, suma y sigue.
