Y las preguntas que siguen pendientes
Desde hace casi unos quince años, los dirigentes políticos y los congresistas discuten infructuosamente sobre una eventual reforma del sistema previsional. Todos ellos afirman que es necesario mejorar las pensiones actuales porque son insuficientes, equiparar la situación previsional que afecta a las mujeres y también asegurar un nivel de pensiones adecuada para las futuras generaciones.
Pues bien, a pesar de que todos los sectores declaran pomposamente que es necesario introducir reformas en el actual sistema, lo cierto es que en casi tres lustros no han conseguido llegar a acuerdos en los aspectos fundamentales frustrando penosamente a los actuales pensionados y castigando impunemente las expectativas de los trabajadores que cotizan en el sistema.
El modelo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creado mediante el Decreto Ley 3.500 de 1980, ha tenido impactos muy relevantes en el desarrollo económico y social de nuestro país desde esa época. El esquema de capitalización individual, mediante el cual cada trabajador cotiza obligatoriamente un porcentaje de su remuneración, el 10%, y de esta forma se convierte en el artífice de su pensión futura, ha significado que la economía chilena haya vivido en estas más de cuatro décadas un proceso profundo de capitalización, que ha permitido poner las bases fundamentales para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo del país, en aspectos tan relevantes como la inversión social, la reducción de la pobreza y la indigencia, la infraestructura y el perfeccionamiento del mercado de capitales.
Para que un país pueda crecer es absolutamente necesario que exista ahorro, puesto que este es la base para la creación de capital, y enseguida que se despliegue la inversión en los diferentes sectores de la economía, a través de las empresas y de los proyectos de inversión que finalmente significan mejores productos y servicios, e impacto concreto en la vida de las personas, todo ello en el marco de un sistema de regulaciones estricto y riguroso a cargo del poder público.
Desde este punto de vista, el actual sistema de pensiones ha traido beneficios innegables para el país, puesto que ha sido una fuente poderosa de ahorro, lo cual no desmiente ni atenúa el hecho de que las pensiones de los chilenos son insuficientes. Los actuales jubilados tienen forzosamente que seguir trabajando para alcanzar un ingreso que les permita subsistir, la situación de las mujeres pensionadas es chocantemente desigual y, en términos generales, el sistema vive hoy una verdadera emergencia que exige la adopción de acciones y medidas encaminadas a superarla y establecer las bases de un sistema que realmente otorgue satisfacción a los trabajadores actuales y futuros.
La disyuntiva que se ha planteado consiste en destinar toda la cotización adicional acordada, es decir un 6%, a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores, o bien reservar una fracción de ese porcentaje para generar un fondo solidario que permita mejorar pensiones y apoyar sobre todo a las mujeres. Si se optara por este camino, también se propone crear un ente público para que administre el fondo así originado, con lo cual se cae inevitablemente en la perniciosa asociación del concepto de solidaridad con el aumento de la burocracia estatal que nadie quiere y la consiguiente disolución indiscernible de esos nuevos recursos.
Cabe preguntarse, entonces, ¿debe el Estado tener el monopolio de la solidaridad? ¿No será posible, acaso, que en el marco de las AFP se pueda establecer algún grado de solidaridad, con una fracción del 6% de cotización adicional, sin la intervención distorsionadora del Estado? ¿No será que el tupido velo de las ideologías ha enceguecido a los congresistas y dirigentes políticos, impidiendo una concretar una reforma que clama al cielo?
